Un juez declara ilegales los convenios de Tudela con los grupos de danzas y jotas

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado que los convenios que firmó el Ayuntamiento de Tudela con el Grupo de Danzas y la Escuela de Jotas son ilegales. La sentencia es firme y no cabe recurso.

La resolución judicial señala que este tipo de acuerdos, de adjudicación directa y que contemplan una serie de actuaciones y la gestión de las escuelas infantiles a cambio de una cantidad de dinero anual (unos 35.000 las danzas y 27.000 las jotas), tienen que regirse por la Ley Foral de Contratos Públicos, lo que implica sacar a concurso estos servicios.

Esto supondría que cualquier entidad interesada, sin importar su procedencia, podría optar a esta actividad, no sólo en el caso del Grupo de Danzas y la Escuela de Jotas, sino también en el del resto de colectivos con convenios municipales similares (banda de música, gigantes, coro Joaquín Gaztambide, centro Miguel Sánchez Montes y gaiteros).

EL TSJN señala que, en este caso, no se puede aplicar la Ley General de Subvenciones, ya que uno de los requisitos es que "se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios, cosa que no se da en éste caso porque los beneficiarios tienen que realizar unas actividades a favor de la Administración".

Ley de Contratos Públicos

"El objeto del contrato es la realización de cursos de promoción, pero también actuaciones públicas musicales, culturales o de esparcimiento remuneradas. Este objeto es propio de un contrato de asistencia con encaje en la Ley de Contratos Públicos", indica.

El tribunal también considera "irrelevante" que estas asociaciones desarrollen desde antiguo esa actividad cultural, así como su experiencia e implantación en la ciudad, pero añade que estos aspectos se podrían valorar en el proceso de adjudicación del concurso público que habrá que realizar.

Recurso del PSN

Este conflicto se remonta al año 2007, cuando el entonces portavoz del PSN en el ayuntamiento, Javier Monzón, recurrió el acuerdo. En su día, el propio Monzón aseguró que la razón de su oposición a los convenios era que le parecía excesivo el dinero que cobra la directora del Grupo de Danzas, Anichu Agüera -ahora concejal de UPN, aunque entonces no se sabía que sería candidata-.

Monzón lo cifró en el 70% de los 30.000 euros brutos anuales que recibió la entidad ese año, aunque la junta directiva de la entidad aseguró que era un 60%. El socialista propuso antes de la firma del convenio que se redujera a un 40%, pero aseguró que UPN se negó e impuso el convenio. El de la Escuela de Jotas también se incluyó en el recurso porque se aprobaron conjuntamente.

El Tribunal Administrativo de Navarra rechazó el recurso en primera instancia, porque consideraba que en este caso no se podía aplicar la Ley de Contratos. Señaló que estos convenios tienen como objeto el desarrollo y la difusión de la cultura, y no la promoción de espectáculos que haría de la contratación una actividad reglada.

Javier Monzón volvió a recurrir al Contencioso Administrativo, que sí concluyó que los convenios son ilegales y que hay que aplicar la Ley de Contratos y, por tanto, sacar estos servicios a concurso público. El ayuntamiento recurrió esta decisión al TSJN, que ahora ha confirmado la sentencia anterior declarando no conformes a derecho ambos convenios.

El Grupo de Danzas y la Escuela de Jotas, a la izda., en una actuación en las fiestas del año 2006. ARCHIVO